Reflexiones sobre el Plan Cultural 2026-2030 de Abelardo De La Espriella ~ LUZDELMAR

La cultura ha comenzado a ocupar un lugar importante dentro de la discusión presidencial de 2026. Entre las propuestas que más atención han despertado se encuentra el Plan Cultural 2026-2030 presentado por Abelardo De La Espriella, un documento que plantea una transformación profunda de la manera en que el Estado colombiano se relaciona con los artistas, los gestores culturales y las organizaciones del sector.

Más allá de las posiciones políticas que pueda generar el candidato, el documento merece una lectura cuidadosa porque propone un cambio de modelo que impactaría directamente a miles de creadores, colectivos, instituciones y comunidades culturales en todo el país. No se trata simplemente de aumentar o reducir presupuestos, sino de modificar la lógica misma de la financiación cultural.

El diagnóstico del plan parte de una crítica contundente al sistema actual de convocatorias, estímulos y becas. Según el documento, durante décadas Colombia ha desarrollado un modelo que permite financiar proyectos temporales, pero que no logra generar estabilidad económica para quienes viven de la cultura. Desde esta perspectiva, muchos artistas terminan dependiendo año tras año de nuevas convocatorias sin alcanzar condiciones laborales sostenibles, sin acceso adecuado a la seguridad social y sin la posibilidad de construir estructuras económicas duraderas alrededor de su trabajo creativo.

A partir de esa lectura, la propuesta busca desplazar el centro de gravedad de la política cultural hacia la inversión privada y la generación de propiedad intelectual. La idea es que los creadores no sean vistos únicamente como beneficiarios de apoyos estatales, sino como titulares de proyectos capaces de atraer financiación, generar ingresos y participar en mercados nacionales e internacionales. Es una visión que entiende la cultura no solo como un derecho o una expresión social, sino también como un sector productivo con potencial económico.

Uno de los ejes principales del plan es el fortalecimiento de CoCrea, el mecanismo que permite que empresas y contribuyentes apoyen proyectos culturales mediante beneficios tributarios. La propuesta plantea ampliar significativamente su alcance, aumentar los recursos disponibles y convertirlo en una herramienta más permanente y flexible. Para muchos emprendimientos culturales, especialmente aquellos vinculados a la producción audiovisual, la música, los videojuegos, la edición o los contenidos digitales, esto podría representar nuevas oportunidades de financiación que hoy resultan difíciles de alcanzar.

El documento también apuesta por una mayor internacionalización de la cultura colombiana. La creación de una Agencia de Industrias Culturales y de una Oficina Nacional de Promoción de la Propiedad Intelectual Cultural busca fortalecer la presencia del país en mercados globales relacionados con la música, el cine, las artes escénicas, los videojuegos y la producción editorial. La propuesta se inspira en experiencias internacionales donde la cultura ha sido utilizada como herramienta de desarrollo económico y de posicionamiento internacional. La referencia más evidente es Corea del Sur, cuyo modelo de apoyo a las industrias creativas ha convertido productos culturales como la música, las series y los contenidos digitales en una poderosa fuente de ingresos y proyección global.

Otro aspecto destacado del plan es su interés por fortalecer la infraestructura cultural en los territorios. La propuesta contempla la renovación de cien Casas de Cultura en distintos municipios del país, dotándolas de laboratorios audiovisuales, estudios de grabación, herramientas tecnológicas y espacios adecuados para la formación artística. En un país donde muchas regiones enfrentan limitaciones históricas en materia de infraestructura cultural, esta iniciativa podría generar impactos positivos en términos de acceso y formación para las nuevas generaciones.

De igual manera, el documento reconoce la necesidad de proteger aquellas expresiones culturales que no pueden evaluarse mediante criterios de rentabilidad económica. Las lenguas indígenas, los saberes ancestrales, las manifestaciones patrimoniales, los museos, las bibliotecas y diversos procesos comunitarios aparecen dentro de las responsabilidades que el Estado debe seguir asumiendo de manera directa. En este sentido, el plan establece una diferencia entre las actividades con potencial comercial y aquellas que forman parte del patrimonio cultural de la nación y cuya preservación constituye una obligación pública.

Sin embargo, las propuestas también plantean interrogantes importantes. Una de las principales preocupaciones tiene que ver con el lugar que ocuparán los procesos culturales comunitarios dentro de un modelo que privilegia la inversión y la generación de ingresos. Buena parte de la riqueza cultural colombiana no surge de grandes industrias creativas ni de proyectos exportables. Nace en los barrios, en las organizaciones comunitarias, en los procesos de memoria, en los grupos de teatro popular, en los colectivos de muralismo, en las escuelas de formación artística y en múltiples iniciativas que cumplen funciones sociales fundamentales aunque no generen rentabilidad económica.

Desde esta perspectiva, algunos actores culturales se preguntan si un modelo orientado hacia la inversión privada será capaz de garantizar el mismo nivel de apoyo a estas experiencias territoriales. La preocupación no es menor, porque muchas de estas iniciativas han encontrado históricamente en los programas de estímulos, concertación y apoyo estatal una de sus principales fuentes de sostenibilidad.

Estas inquietudes también han comenzado a surgir entre artistas plásticos, visuales y gestores de las artes contemporáneas. Algunos se preguntan cómo encajarían dentro de este modelo prácticas como la investigación-creación, el arte experimental, las residencias artísticas, los laboratorios de creación, el arte público, los procesos curatoriales, las intervenciones comunitarias o los proyectos críticos que no producen rentabilidad económica inmediata ni generan activos de propiedad intelectual fácilmente comercializables.

Para estos sectores, muchas de las manifestaciones artísticas más relevantes no son patrimonio tradicional ni industrias culturales rentables, sino formas de producción simbólica, investigación, experimentación, mediación social y construcción de pensamiento crítico. Desde esta perspectiva, el debate consiste en determinar si un modelo centrado en la inversión, la propiedad intelectual y la sostenibilidad económica será capaz de reconocer y respaldar plenamente estas prácticas, cuyo valor cultural y social no siempre puede expresarse en términos de mercado.

Por esa razón, el debate que plantea este plan trasciende la figura del candidato y se convierte en una discusión sobre el futuro mismo de la política cultural colombiana. La pregunta central ya no es solamente cuánto dinero debe invertir el Estado en cultura, sino cuál debe ser la relación entre el financiamiento público, la inversión privada y el derecho ciudadano a participar en la vida cultural del país.

El Plan Cultural 2026-2030 propone una apuesta ambiciosa por la economía creativa, la propiedad intelectual y la internacionalización. Sus defensores verán en él una oportunidad para superar la precariedad histórica de muchos trabajadores culturales. Sus críticos advertirán el riesgo de que las dinámicas del mercado terminen desplazando expresiones culturales cuya importancia social no puede medirse en términos de rentabilidad. Lo cierto es que el documento abre una discusión necesaria sobre cómo construir un modelo que permita a los creadores vivir dignamente de su trabajo sin perder de vista la diversidad, la inclusión y el papel de la cultura como bien público.

La respuesta a ese desafío probablemente definirá buena parte del futuro cultural de Colombia durante los próximos años.

*Link: Plan Cultural 2026-2030

*Video complementario: una mirada crítica desde el sector cultural - 15 jun 2026

Como complemento a este análisis sobre el panorama político y cultural de Colombia tras las elecciones presidenciales de 2026, compartimos el video "Respuesta al destrozo cultural que propone ADLE #2", publicado por Juan David Correa, exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes.